Los talleres, como muchos otros pequeños negocios de nuestro país, han de estar continuamente adaptándose a las nuevas normativas en lo que a gestión y pagos se refiere. Lo han tenido que hacer recientemente, con la limitación del pago en efectivo a 999 euros entre otras modificaciones. Y lo tendrán que hacer de nuevo con la futura ley de factura electrónica que, aunque todavía no se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), sí está ya recogida en el Anteproyecto de Ley de Creación y Crecimiento de Empresas.
Así, según dicho texto, la factura electrónica será obligatoria en operaciones entre empresas y personas autónomas. Se trata de una medida que busca potenciar la digitalización en las empresas y mitigar la morosidad en las operaciones mercantiles en nuestro país, pero también impulsar “la inversión productiva, la innovación y la modernización de las empresas, con reformas normativas para mejorar el clima de negocios e impulsar el emprendimiento en todo el territorio”.
Como es fácil de suponer, la nueva normativa tendrá una enorme implicación a nivel administrativo, ya que supone un cambio en la gestión diaria de todas las empresas y personas autónomas, que deberán emplear la facturación electrónica en todas sus transacciones. Eso sí, dependiendo de la facturación, tendrá que ser más o menos rápida su implantación.
En concreto, para aquellas empresas con una facturación anual superior a 8 millones de euros, será obligatorio aplicar esta medida en el plazo de un año, desde la publicación de la Ley en el BOE. Pero, para el resto de empresas y mucho más aplicable al sector de los talleres, compuesto en una gran parte por centros de reparación pequeños con uno o dos trabajadores, será obligatoria su completa implantación en el plazo de tres años desde la publicación de la Ley. No obstante, se trata aún de un Anteproyecto de Ley, por los que los plazos no serán efectivos hasta su aprobación definitiva y publicación en el BOE.
¿Qué cambios tendrán que realizar los talleres?
El más importante es que los talleres deberán disponer, si no los tienen ya, de programas de facturación electrónica para la gestión de las facturas de forma electrónica entre empresas, ya que no existe una herramienta pública para ello. Respecto a las características de la facturación electrónica, la futura ley señala que el contenido debe ser el mismo que el de una factura física.
Además, las empresas y personas autónomas deberán facilitar el acceso a la clientela para poder ver, descargar e imprimir las facturas de forma gratuita, y que debe mantenerse dicho acceso para las facturas electrónicas emitidas en los últimos cuatro años, independientemente de que se disuelva la relación contractual.
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